La UE aprueba digitalizar los libros sin el permiso del autor

Los Estados de la UE pueden autorizar a las bibliotecas públicas a digitalizar obras sin el acuerdo de sus autores, siempre que sean antiguas y frágiles, y que su consulta se realice en un puesto de lectura específico.

Los estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen derecho a conceder a las bibliotecas públicas el derecho a digitalizar las obras de sus fondos, para ponerlas a disposición de sus usuarios, sin el acuerdo de los titulares de los derechos de autor. Con esta rotundidad se ha expresado el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Niilo Jääskinen, sobre el litigio que enfrenta a la Universidad Técnica de Darmstadt con la editorial alemana Eugen Ulmer KG.

Por muy sorprendente que parezca el pronunciamiento del abogado general –estas conclusiones que no vinculan al TJUE en su posterior decisión–, Jääskinen parece que simplemente trata de buscar un equilibrio entre los derechos inherentes en toda obra intelectual y los límites y excepciones que le son aplicables según la normativa vigente de la Unión Europea.

«En este caso, los intereses confrontados son los de los titulares de derechos de explotación de los libros –garantizar que todo acto de reproducción y comunicación al público cuente con su consentimiento y/o sea objeto de la correspondiente remuneración– y los de las bibliotecas públicas, que quieren poner a disposición de sus usuarios las obras que figuran en sus fondos», explica Antonio Castán, socio de Elzaburu.

Son muchos los que han hecho un paralelismo entre las conclusiones del abogado general y los casos que enfrentan al Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) con diferentes universidades españolas por reproducir de forma ilícita obras a través de sus campus virtuales.

Sin embargo, Jääskinen habla en su texto de un caso muy específico que se centra en la digitalización de ciertas obras por parte de las bibliotecas para que sus usuarios puedan acceder a ellas a través de puestos de lectura electrónica de la propia institución. Este caso dista mucho del planteado en España, puesto que la digitalización de las obras en los campus virtuales permite el acceso a estos textos al conjunto de los estudiantes de la universidad.

«El abogado general del TJUE se acoge al límite que contempla la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor, respecto a la puesta a disposición de obras que figuren en las colecciones de las bibliotecas a efectos de investigación y que la digitalización se puede realizar acogiéndose a otro límite como medida para proteger los originales de obras antiguas, frágiles o raras, aunque todavía estén protegidas por los derechos de autor», añade Castán.

COPIA PRIVADA

Un aspecto sorprendente de estas conclusiones, comenta el socio de Elzaburu, es que el abogado general, en un pronunciamiento totalmente personal –obiter dictum– da el paso para opinar sobre la posibilidad de realizar copias de estas obras digitalizadas en las bibliotecas públicas.

Según explica Jääskinen, la norma europea no permite que los usuarios de los terminales especializados almacenen en una llave USB las obras que allí se ponen a su disposición. Sin embargo, y aunque el abogado general estima que la excepción establecida en favor de los terminales especializados tampoco se aplica a la impresión en papel, también indica que «la impresión de una obra accesible a través de este tipo de terminales puede acogerse a otras excepciones establecidas en la directiva europea, como por ejemplo, concretamente, a la excepción de copia privada».

En este asunto, Castán se muestra tajante y apunta que ésta es una opinión muy personal del abogado general sobre un asunto sobre el que no ha sido preguntado y que lo más probable es que el TJUE no lo tenga en cuenta en su fallo final.La polémica en EspañaEn España, dos universidades –Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Barcelona– han sido condenadas a indemnizar al Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) por reproducir en sus campus virtuales algunas obras con derechos de autor.

La decisión del abogado general del TJUE podría parecer dar la razón a los centros universitarios, pero en realidad impone ciertas restricciones para autorizar la digitalización de las obras –fragilidad, rareza o antigüedad– y añade que sólo se podrán acceder a ellas a través de dispositivos específicos de la propia biblioteca, lo que haría que la balanza se inclinara del lado de Cedro.

 

http://www.expansion.com/2014/06/26/juridico/1403799783.html