"REFORMATIO IN PEIUS" EN VÍA ADMINISTRATIVA YJURISDICCIONAL

Imagen de Gracia González Pérez

La reformatio in peius, consolidada en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, tiene lugar cuando la recurrente, en virtud de su propio recurso, ve empeorada o agravada la situación jurídica creada o declarada en la resolución jurídica impugnada, de modo que lo obtenido con el pronunciamiento que decide el recurso es un efecto contrario al perseguido, que era precisamente, eliminar o aminorar el gravamen sufrido por la resolución impugnada, así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª),  de 3 noviembre de 2008.

Actualmente, es el art. 89 de la LRJ-PAC, en su párrafo segundo, donde se encuentra plasmado con un carácter más general que en ningún caso puede agravarse la situación inicial del recurrente y en cuanto a los recursos administrativos de la forma que expresa el artículo 113.3 in fine de la misma Ley , que sigue la línea de la Ley del procedimiento anterior.

Se reputa, por tanto, una garantía del régimen de los recursos tanto en vía jurisdiccional como administrativa, que encuentra su apoyo en el principio dispositivo e, incluso en la interdicción de la indefensión y en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24.1  CE  . Es evidente que si se aceptase que los órganos competentes para resolver los recursos pueden modificar de oficio, en perjuicio de los recurrentes, la resolución impugnada por éstos, se introduciría un elemento disuasorio para el ejercicio del derecho a los recursos legalmente establecidos.

Así pues, sienta base la Sentencia considerando que la administración no puede empeorar la situación de la parte recurrente “La jurisprudencia se ha ido mostrando sensible a las críticas que la posibilidad de la "reformatio in peius" entraña: de una parte, la contradicción con la finalidad garantizadora de los derechos de los administrados, que desaparecería por completo si los recurrentes se vieran coartados en su ejercicio por la posibilidad de una resolución que empeorase su situación inicial, tal como con toda rotundidad proclama el artículo 113 de la  LRJPAC de 26 de noviembre de 1992  , cuando dispone :"...No obstante la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial", y, de otra, que dicha admisión supondría una ampliación ilegítima de las potestades revocatorias de la Administración, ejercitándose al margen de lo establecido en los artículos 102 y 103 de la citada Ley . “