Plasmar un símbolo propio en la pared y pasar a formar parte de la vida pública: Los Graffiti

Imagen de Elisabetta Stomeo

El tema de los grafiti, hasta hace unos años considerado marginal y perteneciente a barrios periféricos y de mala fama, se ha impuesto en el debate actual, obligandonos a cada uno de nosotros a tomar posición. El mundo del derecho y por ende de la jurisprudencia (a nivel nacional e internacional) ha sido uno de los primeros ámbitos en interesarse por el tema, como ocurre en la mayoría de los casos.

Las declaraciones de Ana Botella, en aquel entonces, Concejal de Medio Ambiente, resume perfectamente la visión inicial (y digamos actual) del legislador: “Queremos que los grafitis vayan desapareciendo poco a poco porque no son arte, sino una lacra social. El Ayuntamiento se gasta mil millones de las antiguas pesetas todos los años en limpiar grafiti, con los que podríamos hacer seis escuelas infantiles. La libertad del grafitero termina donde empieza la libertad del dueño de la fachada pintada”.

En este punto, en vez de lanzarme directamente hacia un mero análisis de la legislación vigente, me gustaría hablar brevemente de las teorías jurisprudenciales y de las elecciones políticas que han llevado a redactar y aprobar la legislación vigente, porque cada elección legislativa viene sí de peculiares contextos políticos, pero también y sobre todo de doctrinas mayoritarias (raramente las doctrinas minoritarias llegan a imponerse, no obstante a veces tengan una fuerza legislativa y una calidad de actuación indudablemente superior).

En el mismo momento del nacimiento y del desarrollo del movimiento grafitero (que, por convención, se sitúa entre el 1971 y el 1972 en la ciudad de Nueva York), se empezaron a redactar leyes y a decidirse políticas sociales que pudiesen poner un limite a la desenfrenada “invasión” por parte de los writers del territorio urbano; eso porque el derecho clásico positivista tenía (y tiene) como objetivo la tutela y la reglamentación de cada ámbito de la vida social de los ciudadanos.

A partir de su desarrollo entre el tejido urbano estadounidense, el movimiento fue definido una “verdadera plaga” y se fue formando una conciencia publica de intolerancia hacia un fenómeno “altamente ilegal e antisistémico”.

Habiendo llegado con retraso a nuestro Viejo Continente (por obvios motivos), claramente se decidió “emular” las directrices estadounidenses, por lo menos hasta el momento en el que todo el mundo se hubiese enterado de lo que efectivamente comportaba tal fenómeno. Para decirlo con términos más absolutos, en el delicado equilibrio existente entre la libertad de expresión y la libertad de propiedad privada, la bascula del legislador europeo tiró indudablemente hacia la segunda libertad.

Entonces ¿cuáles eran los patrones teóricos iniciales en base a los que se decidió dibujar una forma de tutela (o de represión) del movimiento grafitero?

Los liberales que decidieron sobre el tema “seguridad” en las diferentes legislaciones mundiales se basaron fundamentalmente en dos programas de política policial, promocionados como “referencia ineludible”: la Broken Windows Theory y la Zero Tolerance Policy.

En realidad, no obstante ambas se puedan clasificar como bases teóricas de ingeniería legal, la primera resulta ser una teoría de criminología y sociología urbana de los criminólogos James Wilson y George Killing y la segunda mas una conducta política, estudiada y puesta en practica por el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

Con la primera, se demostraba que “el desorden y el crimen resultaban normalmente unidos de manera inextricable”, resultando, entonces, el crimen como la inevitable consecuencia del desorden, a la que, en el caso de quo, los legisladores dieron el nombre de grafiti.

Con la segunda se planteaba una “tolerancia cero” hacia las faltas menores y el delito en general, relacionando el miedo a la delincuencia con las faltas menores y centrando la atención en los que se denominaban “crímenes contra la calidad de la vida” (es decir, aquellas cuestiones que afectan a la población de un barrio a nivel cotidiano pero que no llegan a ser delitos).

Si os paráis a analizarlas detenidamente, el común denominador entre las dos es la evidente voluntad de delinear una relación directa entre vandalismo, violencia callejera y decadencia general de la sociedad, ofreciendo como única solución una óptica de prevención-represión del crimen que dé a los ciudadanos no sólo la impresión, sino la certeza que el Estado y sus órganos vigilan por la “seguridad”.

Viendo, entonces, los resultados positivos obtenidos en los años '90 a través de dichas lineas duras, los políticos y los legisladores europeos (y en este caso, tomo como ejemplo sobre todo el caso español e italiano), dejando al lado el debido análisis de los intereses jurídicos y el valor social del fenómeno, han optado por una legislación en la que se equipare el arte grafitero a un acto vandálico.

En definitiva, absorbiendo con avidez y casi devoción las novedades introducidas por los norteamericanos, se ha optado (probablemente de manera casual, probablemente de manera voluntaria) por considerar el fenómeno de los grafiti como una “amenaza” a la propiedad privada y a los bienes públicos, ya que su tolerancia habría generado ingentes gastos de la P.A. para limpiar lo que ellos ahora definen “vandalismo”, prescindiendo totalmente del eventual valor artístico que dichas “pintadas” podrían tener.

 

Imagenes: El Niño de las Pinturas