El derecho de (no) tener derechos: el caso italiano

Imagen de Elisabetta Stomeo

Estando enamorada desde siempre de la óptica comparativa del derecho, público o privado, lo que sea, tengo la tendencia a mirar más allá de mis narices y a comparar la evolución de mi derecho “natal” con la de los otros países de Civil Law o Common Law. Hoy os quiero aclarar, desde el punto de vista de una jurista italiana, un tema que en los últimos años (y más en los últimos días) ha desencadenado una serie de aplausos y protestas más o menos validas, es decir, la similitud jurídica y legal del matrimonio homosexual con el matrimonio heterosexual y la equiparación a nivel legal de las así dichas “parejas de hecho” con las parejas unidas en el vinculo del matrimonio civil.

En el último mes Francia ha entrado en la lista de los países que han otorgado a los homosexuales la posibilidad de contraer matrimonio: el pasado 23 de abril el Parlamento francés promulgó una ley que autoriza los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad para éstas de adoptar menores, dando la vía libre a la modificación del articulo 143 del código civil francés que, gracias a ésta última, hace posible la libertad de matrimonio para todos. Hace dos semanas, además, Rhode Island se convirtió en el décimo Estado de los Estados Unidos en garantizar tutela jurídica a las bodas homosexuales.

No obstante es una temática de la que se suele hablar casi cotidianamente, me gustaría reflexionar sobre ella y sobre la importancia que tiene una tutela en dicho ámbito, siendo ciudadana de uno de los países europeos que no sólo no permiten los matrimonios homosexuales, sino tampoco otorgan validez a las familias de hecho. No obstante, el 13 de marzo de 2012 el Parlamento Europeo ha votado por mayoría una resolución con la que los Estados miembros de la Unión Europea deben evitar dar al concepto de “familia” una “definición restrictiva”, Italia todavía no ha proveído a adaptar su legislación a las tendencias progresistas (o mejor, de tutela de los derechos fundamentales) que se están difundiendo por todos los 27 estados miembros.

Actualmente la legislación italiana se queda anclada en la definición que el artículo 29 de la Constitución de 1948 da de la familia, es decir “una sociedad natural fundada en el matrimonio”: no obstante una buena franja de los juristas que empujan a una interpretación teleológica del derecho subrayan la inexistencia, en el texto constitucional, de una especificación del sexo de los contrayentes, la mayoría de los autores actuales remarcan las dos características fundamentales de tal tipo de contrato, es decir, la voluntad de los contrayentes y la implícita diferencia de sexo, necesaria e obligatoria para poder crear un núcleo familiar.

Aunque si para un ciudadano español o belga o francés la “implícita” diferencia de sexo no suele resultar tan implícita y dada por hecho, siento la necesidad de matizar dicha adjetivación. Los juristas clásicos italianos, que siguen servilmente la doctrina del derecho positivista, siguen siendo ciudadanos de un Estado en el que juega un rol fundamental el pequeño (pero no por esto poco importante) enclave que es el Vaticano. A nivel constitucional, Italia es un país laico (art.7 “El Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en el propio orden, independientes y soberanos”); sin embargo la autoridad católico-cristiana influencia abundantemente la política interior (y exterior) desde siempre, así que alejarse de los dictámenes religiosos podría causar un shock cultural e histórico en una población acostumbrada a no contradecir la Iglesia.

Contextualizar y comprender la conciencia histórica de un pueblo, de todas formas, no puede convertirse en motivo de estancamiento para una natural y beneficiosa evolución. Tal como afirma un importante jurista de la época moderna, Stefano Rodotà, existe un “derecho a tener derechos” que muchas veces cae en el olvido, sea por puro individualismo, sea por indiferencia, sea por superficialidad. Vivir en un país con un alto nivel de Welfare State es el sueño de cualquier ciudadano del mundo; todavía sigue manteniéndose viva la necesidad de mirar fuera de los confines estatales naturales para evitar el entumecimiento del sentimiento de justicia cívica.

El retraso en la adecuación a unas directivas supranacionales y (aún más importante) el venenoso juego de intereses de checks and balances al que se están arriesgando los políticos italianos me resulta claramente un espejo de la tremenda situación política en la que vivimos desde la caída de la Democracia Cristiana. Sin embargo, no me parece una excusa suficientemente noble para “sabotear” el camino hacia una democracia más justa y más paritaria.

Codificar y reglamentar el matrimonio homosexual (y, de camino, las uniones de hecho) no debe ser considerada una cuestión meramente legal o política, es un paso adelante hacia una nueva civilización y un nuevo Estado democrático, que facilitaría la resolución de conflictos que, en el siglo XXI, parecen ya anacrónicos.